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Eliminación de la prostitución ajena

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Agosto de 2009 - El artículo publicado por el diario Página 12 al que hizo referencia en Intendente Bodlovic, en el acto de entrega del compendio de leyes a la policía local el pasado 26 de agosto, tiene que ver con la Resolución 99/09 del Procurador General de la Nación, Esteban Righi por el cual instruye a los fiscales que investigan casos de trata de personas, para que promuevan la clausura de los locales que funcionen bajo la apariencia de un comercio lícito.Impulsa la derogación de normas municipales que reglamentan la prostitución.

En relación al temael intendente Bodlovic elevó un Decreto ad referéndum del Honorable Concejo deliberante de Piedra Buena hace casi tres meses, el que aún no ha tenido una definición por parte del Cuerpo deliberativo.

El mismo se encuentra en comisión a la espera de ser aprobado por el Concejo Deliberante.

El Decreto del Ejecutivo Municipal, enviado ad referéndum del Concejo Deliberante para su aprobación trata sobre  la prohibición  en el ejido municipal de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, el otorgamiento de nuevas habilitaciones de locales de diversión nocturnaque por las características de su actividad se denominan “Cabarets, Whisquerías, Club Nocturnos” y de todos aquellos que puedan contemplar el funcionamiento de “alternadoras”.

Si bien el Decreto del Ejecutivo Municipal aún espera la probación del Concejo Deliberante, la Resolución 99/09 del Procurador General de la Nación obligaría a los Conejos Deliberantes a derogar toda ordenanza que reglamente la explotación de la prostitución ajena.

La noticia publicada por el diario Página 12 manifiesta el espíritu de la Resolución 99/09 del procurador General de la nación la cual se refiere a la cruzada lanzada por Righi contra las whisquerías y bares nocturnos que funcionan como pantalla de prostíbulos, en los que se explota a mujeres víctimas de trata

 A través de la Resolución 99/09 instruyó a todos los fiscales en materia penal del país que actúen en causas en las que se investiguen casos de trata y de proxenetismo, que soliciten al juez actuante la intervención de la agencia municipal del distrito, con el fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación, cuando esté en funcionamiento bajo apariencia de un comercio lícito.

En los casos en que el lugar no tenga ningún tipo de permiso legal –como ocurre en los llamados “privados o vips”-, los fiscales deberán sugerir al magistrado que no restituya el inmueble a su titular hasta tanto “nos san debidamente aclaradas las circunstancias de su uso legal”.

Además Righi pidió a los ministros de Justicia, Seguridad y –derechos humanos, Julio Alak, y del interior, Florencio Randazzo, que se ocupen de que sean derogadas en las provincias las Ordenanzas comunales que, en abierta violación a la legislación nacional vigente, se aprobaron en los últimos años en distintas provincias –como Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Entre Ríos, entre otras-, y que reglamentan  a explotación de la prostitución ajena. Esas normativas incluyen hasta registros de“alternadoras” y la exigencia de la renovación periódica de una libreta sanitaria, que prevé el control médico ginecológico de las mujeres.

 

En otro punto de la extensa nota publicada por Página 12 el pasado 26 de agosto, el fiscal, señalaba a ese medio “Las llamadas casas de tolerancia están prohibidas en el país desde 1937. Sin embargo, desde la Ufase hemos detectado que en distintas provincias los concejos Deliberantes han aprobado Ordenanzas que las habilitan bajo nombres eufemísticos y reglamentan las explotación de la prostitución ajena, con libretas sanitarias para las alternadoras”.

 

Fuente Página 12

Por Mariana Carvajal

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